Con 980 registros, Medellín ocupa el infame segundo lugar entre las ciudades con más extorsiones del país. Así lo muestra el estudio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el DNP, elaborado con datos del sistema SIEDCO de la Policía Nacional.
Bogotá lidera con una amplia ventaja, con 2.217 casos, seguida de Medellín, Barranquilla (733), Cali (438) y Cartagena (382).
La ciudad pasó de 960 casos en 2024 a 980 en 2025, un aumento del 2,1%. En el mismo periodo, Bogotá redujo sus casos un 16,1%, Barranquilla un 17,8% y Cali un 7,4%.
En 2026 la tendencia sigue. Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la ciudad suma 758 denuncias, un 1% más que en el mismo corte de 2025, es decir, nueve casos adicionales. Por otro lado, las autoridades destacan que las denuncias por microextorsión bajaron un 90% y las de extorsión carcelaria un 31%.
El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) valida el aumento de casos y muestra una gran variedad en la ejecución del delito. Con fecha de corte al 16 de octubre de 2026, registraba 749, mientras este año la cifra aumentó a 758, un aumento del 1%.
La modalidad más común es la clásica, cuando los criminales se acercan a comercios o a sitios de transporte público e informal y piden dinero a cambio de dejarlos trabajar. En este caso,el reporte del Sisc contabiliza 496 casos, frente a 460 del mismo periodo al año pasado, un aumento del 36,8%.
Luego están las extorsiones por internet y redes sociales, con 122, 30 más que el año pasado. Por otro lado, la llamada "devolución de bienes", en la que roban un carro o una moto y cobran por devolverlo, registra 60 casos, una disminución frente a los 76 del año pasado.
Sin embargo, otra modalidad que también aumentó es la extorsión por temas íntimos o sexuales, en la que se contabilizan 39 casos frente a 35 en el mismo periodo del 2025.
La comuna La Candelaria, el centro de la ciudad, sigue concentrando más casos, y le siguen la comuna Belén con 73 casos y Buenos Aires con 53 en el ranking.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la lucha contra este delito "no da tregua". Según el balance, 118 personas habían sido capturadas por estos delitos hasta esa fecha del 16 de octubre. Las autoridades piden denunciar en las líneas del Gaula, 147 y 165.
En el resto del departamento, la extorsión también golpea el consumo cotidiano. En ocho municipios de Antioquia (Donmatías, Guadalupe, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Campamento y Anorí), la compañía Arnulfo Castellanos del frente 36 de las disidencias de las Farc cobra a los distribuidores unos 20.000 pesos por caja de cerveza.
Los comerciantes trasladan el costo al consumidor, y ahora una cerveza de 3.500 pesos sugeridos no se consigue por menos de 4.500 y en algunos sitios llega a 6.000. A los negocios de aguardiente les cobran entre el 7% y el 10% de lo que venden.
Las denuncias por extorsión en el país bajaron de 13.869 en 2024 a 13.428 en 2025, una reducción del 3,2%. Pero los niveles siguen siendo históricamente altos, y en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 3.936 casos, un 8% más que un año antes. El informe proyecta cerca de 14.502 casos para este año. Entre 2010 y 2025 se acumularon 111.186.
El estudio también muestra que el delito dejó de ser rural y ligado al conflicto armado. Ahora las 32 capitales concentran el 54,3% de los casos, con 7.291 en 2025, y el 97,9% de los que ocurren en ellas es en zona urbana.
Hubo aumentos fuertes en algunas ciudades: Cartagena casi duplicó sus casos, de 197 a 382, y Tunja (76,7%), Pasto (37,8%) y Sincelejo (36,6%) también subieron.
La llamada telefónica es la modalidad dominante, con el 48,8% de los casos en capitales en 2025. Según la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE), cerca del 70% de esas llamadas se origina en cárceles del Inpec. Por otro lado, las redes sociales y otras tecnologías representan el 18,6%.
El estudio identifica cuatro causas estructurales. Una es la presencia de grupos armados y bandas que se financian con este delito, la baja capacidad de las cárceles para neutralizarlo desde la reclusión, el uso indebido de las tecnologías y el control territorial de actores criminales. También advierte que hay subregistro, porque muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias.
Finalmente, el informe propone una política nacional contra la extorsión mediante un documento Conpes, con metas medibles y fuentes de financiación, y más coordinación entre alcaldías, Policía, Fiscalía y Gaula.
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Pide además que los planes de seguridad se construyan localmente. Sobre el programa Barrios Libres de Extorsión, aplicado en 2024 y 2025 en Medellín, Bello y Buenaventura, concluye que sus resultados fueron parciales y mixtos, y recomienda evaluarlo antes de extenderlo a otras ciudades.
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